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Columna de Diego Molina Conzué

NUEVA FECHA PARA EL INICIO DEL PROCESO CONSTITUYENTE: UNA NECESIDAD DEMOCRÁTICA

 

Los pasados días vivimos, no sin mediar una cuota de incertidumbre, el inicio de una crisis  sanitaria causada por el Coronavirus. Dicha situación de excepcionalidad llevó al Gobierno y la clase política, esta última mediante un acuerdo transversal, a adoptar diferentes medidas. Así, mientras el primero declaró el estado de excepción constitucional de catástrofe, la clase política acordó modificar las fechas del itinerario constituyente.

Para hacer frente a la propagación del Coronavirus (Covid-19), enfermedad de rápido contagio, deben limitarse las instancias de interacción física entre las personas. Caminar en calles concurridas, asistir a reuniones, salir de compras, e incluso concurrir a trabajar, han sido calificadas por la autoridad como actividades propicias para el contagio. En este escenario surgió la duda legítima ¿es prudente realizar el plebiscito fechado para el 26 de abril de 2020, y por medio del cual se iniciará la senda constituyente? La respuesta de la clase política fue una rápida negativa, fijando como nueva fecha para el plebiscito el 25 de octubre de 2020.

La respuesta es del todo acertada por las siguientes razones. En primer lugar, la realización de un plebiscito supone la participación de un gran número de personas. Ellas, en diversas horas del día fijado, deberán acudir a concurridos lugares de votación y, en no pocos casos, encontrarse con espacios estrechos o bien hacer largas filas. En resumen, las condiciones propicias para que el virus se expanda. En segundo lugar, es menester tener presente que la materia sometida a plebiscito es de la mayor importancia para nuestro país.

En efecto, por medio de él se definirá si Chile iniciará o no, y en qué forma, el camino para redactar una nueva Constitución: norma fundamental en el orden jurídico-político chileno, por medio de la cual se consagra nuestro ideal de sociedad y de Estado, así como derechos fundamentales y aspectos básicos de la institucionalidad estatal. De allí que la participación de esta instancia deba ser la más alta posible, no siendo realmente representativo un plebiscito en que participe un reducido número de ciudadanos, como lo ocurrido en las recientes elecciones francesas.

Durante este periodo de crisis tenemos la oportunidad propicia para instruirnos sobre lo que votaremos en octubre, y de esta forma participar de la manera informada, responsable y consiente de una inédita instancia democrática para la definición del Chile de las próximas décadas.

Diego Molina Conzué

Abogado PUCV