Con el inicio del año escolar 2026, los establecimientos de educación básica y media en Chile han comenzado a aplicar la Ley 21.801, que prohíbe el uso de teléfonos celulares durante las actividades curriculares. La normativa, que otorga plazo hasta el 30 de junio para actualizar los reglamentos internos, busca fortalecer la concentración y la convivencia escolar.
Sin embargo, para la profesora Marcela Jarpa, directora de la Escuela de Pedagogía de la PUCV e investigadora del CIAE, el debate debe alejarse de posiciones ideológicas para centrarse en condiciones reales de aprendizaje. “No se trata simplemente de retirar los dispositivos. Hay que educar en la gestión de la atención y articular estrategias didácticas que aprovechen lo digital cuando sea pertinente”, señala la académica.
Una tendencia global respaldada por evidencia
La directora enfatiza que Chile se suma a una tendencia internacional. Según el informe GEM de la UNESCO, para enero de 2025, 79 sistemas educativos en el mundo ya han implementado restricciones similares. Países como Francia, Países Bajos y Nueva Zelanda lideran este movimiento que busca mitigar la fragmentación de la atención.
Citando el informe de la OCDE “How’s Life for Children in the Digital Age?”, la experta advierte sobre la ambivalencia de la tecnología, ya que por un lado están los riesgos como el tiempo de pantalla excesivo y pasivo que se asocian a dificultades en el desarrollo cognitivo junto a la distracción de otros compañeros, lo que afecta negativamente en el rendimiento. No obstante, ofrece también oportunidades mediante un uso moderado (hasta una hora diaria) para fines escolares, lo que se vincula con mejores resultados en pruebas como PISA.
Claves para una implementación efectiva
Para que la ley no se convierta en una fuente de conflicto y desgaste para los docentes, Marcela Jarpa propone tres ejes fundamentales basados en la experiencia internacional:
Reglas simples y precisas (las políticas más efectivas sugieren el teléfono “apagado y guardado” durante toda la jornada, con excepciones explícitas por razones médicas o emergencias); mecanismos institucionales donde la responsabilidad no debe recaer solo en la vigilancia del profesor en el aula, ya que se requieren criterios comunes que reduzcan la confrontación directa; y, finalmente, coherencia adulta donde la legitimidad de la norma se sustenta en el ejemplo de los docentes y directivos. “No se trata de prohibir, sino de modelar el uso profesional del dispositivo”, remarca.
Por último, la académica sostiene que la prohibición es insuficiente si no se acompaña de formación. El sistema educativo tiene la responsabilidad de enseñar a los estudiantes a distinguir información confiable y desarrollar autorregulación.
“La sala de clases es uno de los pocos espacios donde la atención compartida sigue siendo un bien común. Recuperarla no es nostalgia, es una decisión estratégica en favor del aprendizaje profundo. Menos polémica y más pedagogía será siempre el mejor camino”, concluye la profesora Jarpa.
Dirección de Comunicación Estratégica
